Caso práctico. Se ejecutan obras no amparadas en licencia urbanística y el Ayuntamiento inicia un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística. Dicho procedimiento se habrá iniciado muy probablemente por denuncia de algún vecino o tercero que lo ha comunicado al Ayuntamiento o Autoridad, aunque también podría ser por inspección rutinaria del Consistorio.
Primero se le da la oportunidad al interesado de poder legalizar las obras dándole un plazo ( en la Comunidad de Madrid será de 2 meses). Y si no se legaliza o las mismas no son posible su legalización al ir contra el Ordenamiento Urbanístico vigente, se termina declarando la orden de demolición de las obras y ordena reponer a su situación anterior antes de realizar las mismas.
Una vez dictada la resolución ordenando la demolición se le comunica al interesado dicho acto administrativo concediéndole un determinado plazo para cumplir voluntariamente dicha orden mediante una concreta actividad material de demolición. La decisión adquirirá firmeza de no ser recurrida por el particular o, si es recurrida, de ver desestimada su demanda por Sentencia firme.
Si el interesado no cumple voluntariamente lo ordenado en el plazo marcado, la Administración deberá acudir a un procedimiento de ejecución forzosa y le impondrá al infractor multas coercitivas o, de mostrarse ineficaces éstas, podrá actuar mediante un procedimiento de ejecución subsidiaria a costa del obligado, y ello con independencia de las posibles sanciones por incumplimiento.
Hemos de plantearnos unas preguntas sobre lo que sucede a continuación según cómo actúe el Ayuntamiento.
Supongamos lo siguiente:
- Que el Ayuntamiento tras notificar la Orden de Demolición no hace nada, ¿ qué sucede?
. ¿ Que plazo tiene la Administración para iniciar la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento?
El Plazo de prescripción es de 5 años desde la Orden dictada para la demolición de las obras.
Con la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que entró en vigor el 7 de octubre 2015, es decir la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establece un nuevo plazo más reducido de 5 años. Con anterioridad el plaza era de 15 años (art. 1964 del Código Civil).
Este nuevo plazo de prescripción afecta a las obligaciones de hacer derivadas de órdenes administrativas en un procedimiento de disciplina urbanística, tales como los requerimientos de legalización, u órdenes de derribo, cuando lo edificado resulta ilegal o que no se puede legalizar.
¿Qué plazo por tanto es de aplicación antes de entrada en vigor de la Ley 42/2015 los 15 años o 5 actuales?
Los actos dictados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2015 transcurridos cinco años se producirá sin más el efecto de la prescripción, aunque no se hubiesen alcanzado los 15 años. Es decir si llegada la fecha 7 de octubre del 2015 quedara todavía un plazo mayor de los 5 años se aplicará el plazo límite de los 5 años. La prescripción concluiría el 7 de octubre del año 2020. Y si quedara menos, ésta será la fecha límite, pues se mantendrá lo establecido en la anterior normativa.
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