Se enciende la alarma entre los inquilinos ante la necesidad de renovar sus contratos de alquiler, ya que los mismos denuncian que se están produciendo abusos por parte de los propietarios, que establecen aumentos de hasta un 30% sobre el canon locativo.
Ariel D’Orazio, referente de Concejalía Popular en la ciudad de Rosario afirma que el panorama se complejiza por varios factores, siendo el principal el hecho que los salarios han tenido un escueto aumento, y las subas que pretenden los propietarios de las viviendas rozan el 30%, casi el doble de lo que han aumentado los salarios.
Otro de los factores que no arrojan luz sobre la situación de los locadores en la ciudad de Rosario es la circunstancia que la ley de alquileres se encuentra frenada en el Congreso Nacional, debido principalmente a la presión ejercida por las Cámaras Inmobiliarias.
Según afirma D’Orazio, se viene evidenciando morosidad en el cumplimiento de los contratos, y el aumento del casi 30% para la renovación del compromiso locativo no mejora la situación. La devaluación, la caída de los salarios, la escalada de la divisa norteamericana, la suba desmedida en la tarifa de los servicios, son factores que no contribuyen a la realidad de los inquilinos: "lamentablemente, no hubo voluntad política del gobierno para impulsarla y hoy tenemos dificultades, con aumentos muy importantes en las renovaciones de contratos, algunos del 50 por ciento, otros del 35 ó 30 por ciento. Las paritarias, en el mejor de los casos, incrementaron sueldos en el 25 por ciento el año pasado", expresa D’Orazio.
Otro punto que no pudo ser regulado al no haberse sancionado la tan requerida ley de alquileres es las comisiones que cobran las inmobiliarias, que inciden fuertemente en los aumentos. En la provincia de Santa fe las comisiones son del 5% sobre el valor del contrato. Pero, además, los inquilinos manifiestan que las inmobiliarias cobran montos desmedidos por averiguación de las garantías.
Cabe recordar que el punto referente a las comisiones era uno de los rubros más cuestionados por parte de los propietarios y cámaras inmobiliarias, ya que los inquilinos pedían que dichas comisiones sean abonadas por el propietario, ya que es quien solicita los servicios del corredor inmobiliario. Además, se solicitaba mayor flexibilidad en lo que respecta a las garantías, para que los propietarios se vieran obligados a aceptar otras como recibos de sueldo. La presión de las cámaras inmobiliarias, como decíamos anteriormente, provocó que la ley de alquileres se halle paralizada en el Congreso Nacional, y en este sentido, tanto propietarios como locatarios se encuentren en un punto muerto en varios aspectos de la relación contractual.
Asimismo, se advierte que lo cobrado por las inmobiliarias en concepto de “gastos administrativos” se torna excesivo. En efecto, este rubro es percibido por las inmobiliarias por el solo hecho de cobrar el alquiler mensualmente. Se ha evidenciado que, al finalizar el contrato, lo percibido por las inmobiliarias en concepto de gastos administrativos casi se equipara a la comisión, funcionando de esta manera como una doble comisión.
"Muchos de estos problemas se solucionarían con la ley de alquileres que no se aprobó por la presión que ejercen las cámaras inmobiliarias y los colegios de corredores y martilleros del país. Han hecho lobby a su favor de manera eficiente para sostener sus privilegios. Lamentablemente, el gobierno fue permeable a estas presiones y priorizó el privilegio de un puñado de empresarios ante el derecho constitucional de acceder de manera digna a una vivienda", sentención D’Orazio.
