Que en México los intereses políticos determinan en gran medida la conducción de procesos judiciales y las condiciones de reclusión penitenciaria es fácilmente ilustrado con numerosos ejemplos recientes. Baste recordar el caso del empresario Carlos Ahumada, quien después de denunciar la extorsión de que era víctima por parte de altos funcionarios del gobierno de la ciudad de México tuvo que enfrentar cinco causas penales presentadas en su contra por consigna de los denunciados. Que Ahumada era, de hecho, un preso político de las autoridades capitalinas fue reconocido en su momento por diversos analistas de reconocido prestigio en los medios nacionales. Su eventual exoneración de todos los cargos dejó en claro que en efecto se había tratado de una represalia sin fundamento legal. Quedó de manifiesto una vez más que los grupos de poder corrompen a su arbitrio la impartición de la justicia, anteponiendo sus intereses privados al interés general de la sociedad que dicen servir desde los cargos públicos que ocupan.
Ahumada permaneció recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde 2004 hasta 2007, fecha en que recuperó la libertad. Durante ese periodo, fue mantenido en el área de máxima seguridad, sometido a vigilancia las 24 horas del día, con equipo de video y con custodios apostados en la puerta de la celda; las visitas que podía recibir eran monitoreadas al detalle por la dirección de la cárcel, la cual autorizaba o denegaba el acceso de manera arbitraria, como lo constataron además de los familiares y amigos de Ahumada, los periodistas que intentaron obtener permiso para entrevistarlo.
Así es la seguridad penitenciaria en México: si el reo es un preso político que enfrenta causas fabricadas por la autoridad, puede darse por descontado que no habrá descuidos ni omisiones en la vigilancia, el protocolo será observado a pie juntillas, no habrá relajamiento alguno en la cadena de mando y todo será supervisado puntualmente y de manera personal por los funcionarios de mayor rango. En este caso queda claro, que la Justicia se desvía ante el encargo político, ante la consigna, no es que el aparato de seguridad sea tan deficiente como se nos hace creer, sino que sólo funciona con precisión de relojería cuando sirve a poderosos intereses particulares.
El abuso de las prerrogativas y los dispositivos del aparato judicial para hostigar e intimidar a Carlos Ahumada no cesó luego de su excarcelación. El mismo día de su liberación, unos treinta policías judiciales y diez patrullas ya estaban apostados al acecho. Apenas hubo traspasado el umbral del reclusorio, se lanzaron sobre él, lo alzaron en vilo y se lo llevaron con lujo de violencia a las oficinas de la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos Especiales, sin mediar explicación alguna. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) había sido advertida de la posibilidad de que las autoridades no permitieran que Ahumada quedara en libertad sin un recordatorio de su encono, por lo que una delegación de la comisión estaba presente afuera del reclusorio al momento de su detención y pudo dar fe presencial de los hechos.
En la recomendación girada por la CDHDF a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se establece que el operativo constituyó “un abuso de poder por parte del Estado”, con “uso excesivo e irracional de la fuerza” por parte de los agentes policiacos. La comisión resaltó además el daño físico y sicológico infligido a los hijos de la víctima, menores de edad, que lo acompañaban a su salida del reclusorio y que no sólo vieron las agresiones contra su padre, sino que también recibieron golpes e insultos. La CDHDF recomendó a las autoridades ofrecer una disculpa pública a Ahumada y su familia, la cual siguen esperando.
Andado el tiempo, otro incidente se sumó a la cadena de abusos, configurando una segunda etapa en esta historia. El 28 de julio de 2013, a su regreso a la ciudad de México tras un viaje con su familia, agentes de varias corporaciones policiacas se presentaron en el aeropuerto capitalino para detenerlo y someterlo a un interrogatorio en las instalaciones de la terminal aérea. El operativo de “recepción y ubicación”, como lo llamó el director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, fue coordinado con oficiales del Instituto Nacional de Migración con antelación al arribo del empresario. Es decir, fue deliberado, no resultó del seguimiento de procedimientos de rutina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó lo sucedido y concluyó que la retención carecía de justificación legal, toda vez que no existía ninguna orden de arresto contra Ahumada, y que los agentes habían procedido en contravención del reglamento, vulnerando así los “derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad” del empresario. La recomendación que la CNDH giró a las autoridades involucradas para sancionar a los responsables y establecer medidas para evitar la repetición de operativos semejantes cayó en oídos sordos. Cuando las autoridades aceptan servir a poderosos intereses particulares, se saben protegidas contra amonestaciones de papel.
El origen de estos hechos es perfectamente rastreable. Días antes del incidente en el aeropuerto, por un conducto privado Ahumada había hecho del conocimiento de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, su intención de actuar por la vía legal para hacer efectivo un pagaré firmado por Robles el primero de agosto de 2003, cuando era presidenta nacional y presidenta del consejo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la cantidad de 400 millones de pesos. El monto corresponde al préstamo hecho por Ahumada a ese instituto político y la fecha de vencimiento fue acordada para el primero de agosto de 2011. La retención ilegal en la terminal aérea fue la corroboración de que Robles y el gabinete de seguridad del gobierno federal habían recibido el mensaje.
El 15 de agosto de 2014, los abogados de Ahumada interpusieron la demanda en Argentina, para exigir el pago de lo adeudado o el embargo de bienes de Robles y del PRD para cubrir el pagaré firmado por Robles el primero de agosto de 2003, cuando era presidenta nacional y presidenta del consejo nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Un mes más tarde, ante la petición de la justicia argentina, apegada a derecho y en cumplimiento de los tratados internacionales, la juez Edith Alarcón, del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, resolvió dar curso al exhorto y proceder al embargo. De inmediato se movilizó el aparato de presión para descalificar a la juez, llegando al grado de intimidarla por medio del Consejo de la Judicatura Federal para que revocara su decisión. Como la juez se negó a ceder, fue arbitrariamente removida de su cargo y asignada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Tribunal de Circuito, en el pequeño estado de Tlaxcala. Es el abusivo recurso del exilio administrativo, como castigo y escarmiento para quienes se atreven a sostener la autonomía de poderes y el estado de derecho.
El primero de octubre de 2014, tuvo lugar en Buenos Aires otro vergonzoso episodio de abuso de poder, con ribetes de incidente internacional: un agente armado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el máximo órgano del gobierno mexicano en la materia, interceptó a Ahumada afuera del domicilio de éste en la capital argentina y lo amenazó con violencia para que se desistiera de la demanda por el pagaré. La asombrosa torpeza del “agente secreto” del CISEN, Raúl Hiram Valadés de la Cruz, la rápida reacción del agredido y el alboroto provocado en una zona tan transitada, contribuyeron al fracaso de la misión.
Requerido por la CNDH para explicar estos hechos, el CISEN respondió con ese cinismo que revela el desprecio que los derechos humanos y la rendición de cuentas les merecen a quienes se consideran intocables por estar al servicio de los más poderosos: se permitió afirmar que el agente, ávido de cultura, se encontraba de vacaciones en Buenos Aires cuando coincidió casualmente con Ahumada cerca de un museo. La grabación del incidente, hecha por las cámaras de seguridad pública, demostró la insolencia de esta patraña. Que el órgano de seguridad nacional del Estado mexicano sirva a particulares, dedicando recursos públicos para realizar en el extranjero un operativo de intimidación que en nada contribuye a fortalecer la defensa de la nación, debería ser materia de serio debate en el congreso y en los medios. Que además le mienta descaradamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sería inadmisible en cualquier democracia auténtica. El director del CISEN, Eugenio Ímaz, es hermano de Carlos Ímaz, quien era muy cercano colaborador de Rosario Robles en 2003, cuando ésta firmó el pagaré a nombre del PRD, y estuvo directamente involucrado en el escándalo de la extorsión a Ahumada que saliera de manera tan espectacular a la luz pública en 2004. La cadena de favores, la línea de mando, la concepción patrimonialista de los recursos públicos, puestos al servicio de intereses personales, el desdén por el debido proceso y las garantías constitucionales, evidencian una grave descomposición que pone a la seguridad nacional en situación de vulnerabilidad extrema.
Es notorio que a manera de complemento de la intimidación judicial, se articula en los medios de comunicación una estrategia de golpeteo de baja intensidad en algunas columnas de opinión y en notas informativas, con la doble intención de desprestigiar a la víctima –de modo de restarle credibilidad y de hacer que sus derechos elementales parezcan indignos de ser defendidos-, subvirtiendo el orden causal e introduciendo diversos factores –sin ningún fundamento de evidencia- que contribuyen a enmarañarlo todo.
En el caso de Ahumada, cada incidente de amedrentamiento ha ido acompañado, de columnas, notas y artículos –inserciones pagadas, para efectos prácticos- cuyo propósito es “ablandar” a la opinión pública, abonando al descrédito del empresario con la reiteración de los motes calumniosos y xenofóbicos, con insinuaciones de nexos con el narcotráfico (la herramienta preferida para atacar a quien sea en el México de hoy), y ya en el frenesí del rencor personal, con acusaciones delirante (como que “le vende uranio a la pérfida China”), los desinformantes no conocen límites. Son tácticas de propaganda de probada eficacia para desviar la atención de los auténticos fines que persiguen y de los torvos intereses a los que sirven.
Los columnistas al servicio de los grupos de poder, se prestan a hostigar, calumniar y ridiculizar a quienes éstos quieran hundir o apartar del camino, a cambio de dinero, prebendas y acceso privilegiado a la información, todo lo cual les reditúa prestigio e influencia y los posiciona mejor para seguir en el juego. Los reporteros que se prestan a esparcir rumores e infundios hacen méritos a los ojos de sus amos, haciéndose notar por los poderosos dando muestras de su potencial de servilismo para futuros encargos.
El abuso de los aparatos del Estado y de los canales de difusión por grupos de poder que disponen de ellos como si de su patrimonio personal se tratara, para proteger sus intereses y acrecentar sus beneficios, deforma la esfera pública y pervierte la impartición de la justicia. Por eso es tan importante seguir de cerca estos asuntos y su cobertura en los medios, pues de aquí derivan prácticas alarmantes que amenazan con insensibilizar a los ciudadanos en torno a una cuestión decisiva de la democracia, toda vez que la defensa de los derechos humanos debe ser tarea esencial de todos para todos.
