Luego de que el proyecto de la ley de alquileres nacional perdiera estado parlamentario el año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra estudiando una nueva presentación para el presente ejercicio parlamentario.
En efecto, se presentará un nuevo proyecto de ley de alquileres, que busca un mayor consenso entre los sectores, siempre protegiendo a la parte más vulnerable de la relación locativa, el locatario.
La principal diferencia con la ley presentada el año pasado radica en que en esta oportunidad la ley no regula ni los alquileres comerciales, ni los alquileres con fines de vivienda de personas de altos ingresos. Así, el nuevo proyecto de ley pretende ocuparse del acceso a la vivienda de personas de menos recursos, para que puedan acceder a una locación, y no sean envueltos en gastos extraordinarios que conviertan imposible el acceso al alquiler.
Según manifestó Iván Kerr, Secretario de Vivienda de la Nación, la idea de este nuevo proyecto de ley es que haya una menor intervención del Estado, atento a los reclamos de algunos sectores el año pasado en oportunidad de discutirse el proyecto de la ley de alquileres. En este sentido, si bien las organizaciones y asociaciones de defensa de los derechos de los inquilinos se mostraban satisfechos con el proyecto de ley presentado el año pasado, y que tomaba como referencia lo logrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la sanción de la ley de alquileres, desde el otro lado se mostraban disconformes.
Así, los principales detractores de la ley manifestaban que el pago de las comisiones por parte de los propietarios provocaría que estos últimos sacaran los inmuebles del mercado locativo, al no ser más redituable. Por otra parte, las inmobiliarias manifestaban que luego de la sanción de la ley en la Ciudad de Buenos Aires se evidenció una merma en las consultas y concreción de operaciones inmobiliarias, y lo mismo ocurriría a nivel nacional.
El nuevo proyecto de la ley de alquileres pone énfasis en la situación de aquellas personas que no cuentan con garantía real o no pueden abonar los dos meses de depósito, a los fines de ayudar a que dicho sector social pueda acceder a su vivienda concretando la locación.
“La idea no es que el Estado tome un rol intervencionista general, sino que sea una política de alquiler social, por eso nuestra inclusión en el tema. No nos metemos para regular el alquiler de un local en un shopping”, expresó Iván kerr.
Desde la Secretaria de la Vivienda también expresan que se encuentran trabajando en un punto de ley que el año pasado suscitó controversias. Así, según estadísticas que maneja la Secretaría, 8 de cada 10 alquileres se realizan “en negro”, por ello se está trabajando en la registración de los contratos ante AFIP, a los fines que los mismos sean blanqueados.
Asimismo, la Secretaría se encuentra elaborando un proyecto que contemple un sistema de garantías bancarias o través de compañías aseguradoras, del mismo modo que existen en otros países del mundo.
Aún no se confirmó si el proyecto se presentará desde el Poder Ejecutivo, o será presentado por un diputado de Cambiemos, en un año donde las prioridades quizás se vean enrarecidas por el clima electoral.
