Dejando a un lado las ideologías políticas y basandonos en evidencias, no hay duda en que la más efectiva política social es fomentar la creación de empleo. En una sociedad de libre comercio las encargadas de crear empleos son las empresas y autónomos. Tanto grandes o pequeñas empresas constituyen el motor de un país, generando riqueza para los empresarios y trabajadores, pero también hacen posible el sector público, que obtiene su financiación de los beneficios de ambos, vía impuestos.
Por lo tanto, la destrucción de empresas debería ser un dato del que se hablara habitualmente en los medios de comunicación. Especialmente en periodos como el actual, cuando la velocidad a la que se destruye el tejido empresarial en España resulta alarmante. En 10 años el número total de empresas ha descendido en cerca de 90 mil, pricipalmente en autónomos y empresas de 5 trabajadores o menos.
Las perspectivas oficiales no son muy alentadoras, según un estudio del Banco de España, entre un 20 y 30 por cien de empresas subsisten mediante financiación aunque su cuenta de resultados refleja números rojos. Esta quiebra técnica llevará al cierre definitivo a gran parte de ellas, con las consecuencias negativas que implica. Facturas impagadas, deudas bancarias, impuestos que dejan de financiar al estado pero sobre todo, nuevos desempleados dependientes de un subsidio.
Medidas del Gobierno para proteger al sector empresarial
Ante estos datos de destrucción empresarial en España, las medidas emprendidas por el ejecutivo para aportar soluciones, a día de hoy, se desconocen. Aunque aparentemente no sea así.
Lo que hemos visto en los grandes medios de comunicación es como por parte de los responsables relacionados con la gestión económica del gobierno, se minimizaba el problema planteandolo como algo coyuntural que se va a solucionar por sí solo en un corto periodo de tiempo. La famosa recuperación en "V", para evitar tener que emprender medidas impopulares.
Otra medida estrella ha sido permitir a empresarios y autónomos que en muchos casos tienen ingresos nulos, por ejemplo negocios con la persiana bajada, endeudarse para que hagan frente a los impuestos en el futuro. Esta medida más que una solución es una patada hacia delante puesto que muchos de ellos no resistirán suficiente tiempo sin ingresos al carecer de músculo financiero.
Otra medida que solo aplaza el problema es la aplicación de los ERTE, ya que al agotar el periodo máximo de aplicación, la gran mayoría se convertirán en algún tipo de ERE. El uso del ERTE sería eficiente si no estuvieramos ante una grave crisis que se va a prolongar durante varios trimestres, suficientes como para que las expresas desaparezcan.
El Ingreso Mínimo Vital ¿una solución?
Sin embargo, la medida más publicitada por el ejecutivo y los medios generalistas, lejos de buscar atajar el problema del desempleo y la creación de riqueza en la sociedad, van por el camino de sostener al trabajador en un nivel de subsistencia. Además, este subsidio ya existía con otro nombre, gestionado por las Comunidades Autónomas con el nómbre de "Renta Mínima de Reinserción". Tras varios meses desde la aprobación, la llegada efectiva de está renta mínima, solo llega realmente a un porcentaje mínimo de los solicitantes.
Aunque parezca demasiado evidente, sin crecimiento económico no se generan ingresos para el sector público suficientes para hacer frente a más subsidios. La deuda se encuentra ya a un nivel nunca visto en España.
Sin soluciones efectivas a corto plazo
A día de hoy, no se están tomando medidas que eviten el cierre de empresas y pequeños negocios de autónomos. Al contrario, el ejecutivo deja entre ver subidas de impuestos a corto plazo, lo que supondrá el toque de gracia a miles de contribuyentes. Pero una cosa es segura, si esto es lo que nos depara el futuro, nos dirán que ellos no son responsables de nada.
