Despacho Blasco Martínez: Siempre hemos oído en las películas la frase: “tiene derecho a un abogado”, y podríamos creer que es una licencia poética de un cineasta y que no será así en España. Pues estás equivocado. En nuestro país todo ciudadano tiene derecho a un abogado según establece la Constitución Española de 1978.
En nuestro ordenamiento jurídico está reconocido el derecho de todo ciudadano a ser representado por un abogado en ejercicio. Para salvaguardar su derecho de legítima defensa. Por ello, los abogados desempeñamos un servicio público a la sociedad asumiendo esta responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión.
En Zaragoza, al igual que en todo el estado español, se presta un servicio de justicia gratuita para los ciudadanos que no disponen de los recursos necesarios para costearse los gastos que acarrea un procedimiento judicial. Estos gastos incluyen los servicios de un abogado en ejercicio y un procurador sin coste alguno. Además de los gastos derivados del juicio, como pueden ser: fianzas, informes periciales, etcétera.
Uno de los puntos que más preocupa a los abogados que ejercen el turno oficio en Zaragoza son los últimos recortes presupuestarios que ha sufrido la partida para justicia gratuita. Lo que hace que se vea perjudicado la calidad del servicio y la salvaguarda de este derecho constitucional.
Entre los servicios más demandados por los ciudadanos que se acogen a la justicia gratuita se encuentran: ejecuciones hipotecarias, solicitud de modificación de medidas derivadas de un divorcio o una separación o, los más habituales en los últimos años, las ecuaciones hipotecarias por impago y su correspondiente orden desahucio.
Para solicitar el servicio de justicia gratuita el ciudadano que lo requiera deberá acudir al colegio de abogados del lugar en que resida. En el caso de Aragón, los ciudadanos que lo deseen podrán ir al colegio de Abogados de Zaragoza, el de teruel o al de Huesca.
Una de las cuestiones más comunes al respecto es quién puede solicitar la justicia gratuita. El ordenamiento español establece que podrán solicitar el servicio de justicia gratuita todos los ciudadanos españoles, los nacionales de estados miembros de la EU y los extranjeros residentes en el territorio nacional. Debiendo demostrar unos ingresos inferiores a los 12000 €. Cantidad que variará en función del tamaño de la unidad familiar.
En el Despacho Blasco Martínez entendemos nuestra profesión como servicio público con el que aseguramos un derecho fundamental de los ciudadanos. Y por ello luchamos día a día para que se respeten los derechos de nuestros clientes
