1. La buena fe como principio rector… ¿y su contracara?
El derecho civil mexicano, al igual que muchos otros sistemas jurídicos, se rige por el principio de buena fe. Las partes que contratan lo hacen presuponiendo que sus intenciones son legítimas, que sus identidades son reales y que no existen intereses ocultos o dolosos. Pero este principio, si no va acompañado de mecanismos de control y verificación, puede derivar en una peligrosa ingenuidad.
Contratar sin conocer quién es verdaderamente la otra parte implica abrir la puerta a múltiples riesgos: desde el incumplimiento contractual hasta el fraude, la suplantación de identidad o incluso el involucramiento en procesos judiciales de los que nunca fuimos parte originalmente. Por ello, el principio de buena fe no debe entenderse como una renuncia a la debida diligencia, sino como su complemento.
2. La debida diligencia: un estándar de conducta cada vez más exigido
En el ámbito jurídico contemporáneo, especialmente en los sectores financiero, empresarial y notarial, el concepto de debida diligencia se ha consolidado como un estándar mínimo de actuación. Significa tomar todas las precauciones razonables antes de asumir una obligación legal o contractual.
En el contexto civil, la debida diligencia se traduce en acciones concretas:
Verificar la identidad del contratante.
Confirmar que no existan procesos judiciales abiertos que puedan afectar la ejecución del contrato.
Investigar si existen amparos interpuestos, embargos vigentes o antecedentes de incumplimiento legal.
Revisar si la persona figura en listas restrictivas, como las listas PEP (Personas Expuestas Políticamente) o listas negras por riesgo financiero o reputacional.
En este contexto, herramientas como www.verificapersonas.com permiten realizar este tipo de revisiones en segundos. No es exagerado afirmar que, en muchos casos, una simple consulta previa puede evitar años de litigio.
3. Casos reales: contratos afectados por falta de verificación previa
Caso 1: Suplantación de identidad en un contrato de compraventa
En 2022, una persona celebró un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en el estado de Jalisco. La operación parecía legítima: se exhibió identificación oficial, se firmaron documentos, se realizó el pago. Sin embargo, semanas después, apareció el verdadero propietario del inmueble. El supuesto vendedor había suplantado la identidad mediante una CURP falsificada. El contrato fue declarado nulo, y el comprador perdió una suma considerable.
Una verificación previa de CURP y antecedentes documentales, posible mediante plataformas especializadas, habría alertado sobre la incongruencia en los datos del vendedor. La suplantación pudo haberse evitado.
Caso 2: Arrendamiento a persona con historial de fraudes
Una empresa arrendó un local comercial en la Ciudad de México a una persona moral. A los pocos meses, el arrendatario dejó de pagar la renta. Al intentar ejercer la acción de desahucio, el arrendador descubrió que la empresa arrendataria tenía múltiples demandas por incumplimiento en otros estados, además de aparecer en listas de personas con antecedentes judiciales. Ninguno de estos datos fue consultado antes de firmar.
Un simple chequeo en registros estatales y federales habría alertado sobre el historial de la persona moral, y quizá habría conducido a un arrendamiento más seguro.
4. ¿Por qué no lo hacemos?
Muchas personas y empresas no realizan verificaciones previas por una combinación de factores: desconocimiento, confianza excesiva, falta de acceso a información, o la falsa creencia de que estos controles solo corresponden a grandes corporativos.
La realidad es que hoy, gracias al desarrollo de plataformas digitales, es posible realizar este tipo de consultas con un par de clics. Herramientas como verificapersonas ofrecen acceso a información valiosa para abogados, empresarios y ciudadanos comunes: antecedentes judiciales, expedientes federales y estatales, amparos, embargos, listas negras, verificación de CURP y más.
No se trata de asumir que toda persona es sospechosa. Se trata de proteger nuestros intereses legales.
5. La verificación como parte del asesoramiento jurídico
El rol del abogado ya no puede limitarse a redactar contratos. En un entorno donde los litigios civiles están en aumento, el profesional del derecho debe ofrecer un enfoque preventivo. La asesoría legal hoy exige verificar la situación jurídica y reputacional de los contratantes antes de que surjan los conflictos.
Este tipo de diligencia debe formar parte integral de los servicios jurídicos:
Antes de firmar un contrato de arrendamiento: revisar antecedentes judiciales del arrendatario.
Antes de constituir una sociedad: verificar embargos o procesos abiertos contra los socios.
Antes de celebrar una compraventa: confirmar la validez de la CURP del vendedor.
Antes de iniciar relaciones comerciales: examinar si la persona o entidad aparece en listas restrictivas.
Integrar estas acciones en el ejercicio profesional mejora la calidad del servicio, reduce riesgos para los clientes y fortalece la cultura jurídica preventiva.
6. La dimensión ética de la verificación
Más allá del aspecto legal, realizar estas verificaciones es también una cuestión ética. Permite evitar negocios con personas que han incurrido en prácticas ilegales o poco transparentes. En un entorno donde la corrupción, el lavado de dinero o el abuso de confianza son cada vez más visibles, prevenir es también una forma de responsabilidad social.
Además, conocer de antemano si una persona se encuentra inmersa en procesos judiciales puede evitar revictimizar a terceros o facilitar actividades ilegales sin saberlo.
7. ¿Qué dice la jurisprudencia?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones que el principio de autonomía de la voluntad no puede entenderse como un cheque en blanco. Las partes tienen libertad para contratar, pero también la responsabilidad de hacerlo de manera informada y prudente.
En ese sentido, la diligencia previa se convierte en un requisito implícito. No es extraño encontrar resoluciones judiciales donde se sanciona, al menos en términos probatorios, la negligencia de quien no se preocupó por conocer a su contraparte.
8. Cómo implementar una política de verificación efectiva
Para incorporar este enfoque preventivo en la práctica diaria, se pueden seguir algunos pasos concretos:
Establecer protocolos de verificación obligatoria para operaciones superiores a cierto monto.
Utilizar servicios confiables como www.verificapersonas.com para acceder a bases de datos judiciales, estatales, federales y listas especiales.
Incluir en los contratos cláusulas donde la parte contratante declare bajo protesta de decir verdad no encontrarse en procesos judiciales relevantes ni en listas restrictivas.
Documentar todo el proceso de verificación para efectos probatorios.
Estos pasos, lejos de complicar el proceso contractual, lo robustecen. En la era de la transparencia y la trazabilidad jurídica, prevenir no solo es recomendable; es imprescindible.
9. Una nueva cultura jurídica
La verificación de identidad y antecedentes no debe ser vista como una herramienta de desconfianza, sino como un componente básico de una nueva cultura jurídica basada en la prevención, la responsabilidad y la transparencia.
Así como hemos aprendido a pedir comprobantes fiscales, firmar contratos por escrito o registrar operaciones en el Registro Público, debemos naturalizar el uso de herramientas digitales que nos permitan verificar con quién estamos firmando. No es solo una cuestión legal, sino una necesidad práctica.
El acceso a información judicial, administrativa y de identidad no es un privilegio de los grandes despachos. Hoy, cualquier ciudadano con acceso a internet puede consultar estos datos en plataformas, que reúnen en un solo sitio distintas fuentes de información para facilitar la toma de decisiones jurídicas seguras.
